La crisis económica dejó de ser un escenario eventual y se volvió un estado permanente, una forma específica de funcionamiento de nuestra economía de la última década. Los argentinos y las argentinas ya no nos preguntamos si tendremos que volver a atravesar un escenario caótico en materia de ingresos y empleo. Sabemos que así será. El condicional si fue reemplazado por el cuándo. La certeza es que más temprano que tarde los dólares que tiene el Banco Central no serán suficientes, que los efectos de la crisis reaparecerán y que toda estabilidad será solo temporaria.
Hace casi una década, en la primera mitad de 2016, el economista Javier González Fraga (presidente del Banco Central con Carlos Menem y presidente del Banco Nación con Mauricio Macri) profería su famosa frase: “Le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”. Decía que había que sincerar la economía y explicaba que el nivel de salarios estaba desacoplado de la productividad real del país. De allí nacían las dificultades de la Argentina para conseguir los dólares que necesitaba para crecer.
Casi diez años más tarde y con salarios entre 21% (en el sector privado) y 36% (en el sector público) por debajo del nivel de aquel entonces, nos encontramos con que la falta de dólares de la economía no solo persiste sino que se profundizó notablemente. El problema, parece, no eran los salarios.
el consenso de la macro
Dentro de un amplio abanico que abarca desde economistas liberales hasta unos cuantos identificados con la heterodoxia y las ideas nacional-populares predomina un enfoque que considera que la crisis se debe a una mala administración de las variables macroeconómicas por parte de los sucesivos gobiernos. El Estado gastó mucho, gastó mal, realizó “populismo cambiario” (así le llaman a la tendencia de abaratar el dólar en determinados escenarios), impuso un cepo (así le llaman al ejercicio soberano de limitar los movimientos de capitales), dejó que demasiada gente se jubile, etcétera.
Ordenar la macro pareciera ser la tarea, entonces. Para salir de la crisis habría que encontrar un nivel adecuado —alto, competitivo— para el tipo de cambio, un nivel de gasto público acorde a la capacidad de recaudación y, por supuesto, no asustar a los mercados con controles cambiarios o regulaciones excesivas. Adicionalmente no habría que permitir la supervivencia de aquellas industrias que no puedan competir internacionalmente. La protección excesiva también está mal.
Este ordenamiento macro, ya sea por la vía de la devaluación y su impacto inflacionario, o por la vía de la reducción del gasto público, cuyos principales componentes son las jubilaciones, los salarios de sus empleados y empleadas y la realización de obra pública con mano de obra intensiva, se traduce, necesariamente, en un ajuste sobre los ingresos de la clase trabajadora activa y pasiva. Ordenar la macro es, a fin de cuentas, una expresión utilizada recurrentemente como eufemismo de bajar los salarios. Si bajar los salarios y cerrar industrias es parte de la solución, ¿cómo es posible que con salarios cada vez más bajos y con menos industria la crisis sea cada vez más profunda?
falla en el botón de reseteo
A la Argentina le faltan dólares. Vaya novedad. No es la primera vez. Durante gran parte de la segunda mitad del siglo pasado el país convivió con este problema. Cíclicamente, el crecimiento era interrumpido porque la economía no podía generar dólares a la velocidad que el propio crecimiento consumía demandando máquinas, insumos, bienes que aquí no se producían. Una devaluación oficiaba entonces como reseteo: caían los salarios y la actividad económica se frenaba hasta que los dólares dejaban de faltar. Luego, los asalariados, con un fuerte poder fáctico para la disputa distributiva, lograban recomponer sus ingresos y el sendero de crecimiento se retomaba.
Pero a partir de diciembre de 2015, por la combinación ruinosa del regresivo cambio distributivo, la fuga de capitales y el endeudamiento externo, como veremos en los próximos párrafos, el botón de reseteo de nuestra economía se rompió. Las devaluaciones solo cumplen desde entonces una única función: generar una brusca transferencia de ingresos desde el salario hacia la ganancia de algunos sectores específicos. Cada nueva devaluación, lejos de resetear la economía, la deja en un lugar más frágil y más vulnerable, con la moneda debilitada y los salarios más bajos.
Años de caída del producto, unos cuantos. Años de crecimiento, otros más. Como media, el estancamiento. La medición del total producido por la economía actual resulta bastante similar a la medición de hace una década. La masa salarial (la suma de todos los salarios percibidos por trabajadores y trabajadoras), en cambio, cayó considerablemente. La conclusión es sencilla: hay otro actor social y económico que se está quedando con lo que perdió el bolsillo asalariado. Una cantidad de pesos equivalente a 290 mil millones de dólares abandonó la billetera trabajadora y pasó a acumularse en las cuentas de empresas financieras, energéticas, agroexportadoras, alimenticias y de algunas otras pocas actividades.
Este fenomenal aumento de los excedentes en manos de los sectores corporativos generó un problema adicional a la economía que, en lugar de experimentar un incremento de las inversiones productivas por la ampliación de los recursos para financiarlos, presenció una masiva fuga de capitales. Toda la ganancia adicional abandonó el circuito productivo. Una parte tomó el rumbo del dólar en vuelo directo y la otra alternó entre la moneda local y la divisa según la conveniencia de tasas de interés y tasa de devaluación, subiéndose y bajándose de la bicicleta financiera.
La otra cara de la fuga es el brutal incremento de la deuda externa pública y privada, fuente primaria de los dólares necesarios para que los excedentes puedan dolarizarse, pero también fuente de problemas para una economía que, con el tiempo, deberá atender estos compromisos y no tendrá con qué.
Así fue que se creó, en pocos años, esta frágil economía de los bajos salarios en nuestro país. Las clases dominantes supieron sacar provecho de esta fragilidad beneficiándose de concesiones cambiarias, fiscales, regulatorias, alterando el esquema de poderes relativos de todo el sistema económico y social. Mientras tanto, el Estado se debilitó y, con él, el propio sistema político. La fragilidad de la economía de los bajos salarios se traduce, luego, en fragilidad de la democracia, que pierde potencia e intensidad como sistema de representación de los intereses de las mayorías.
felices navidades
En diciembre de 2023, luego de una monumental devaluación, el ministro de Economía Luis Caputo saludó a los argentinos: “Feliz Navidad para todos. Gracias por el sacrificio”. Como ocurrió con los ensayos conservadores previos (la dictadura de 1976, el menemismo y el macrismo), el Gobierno de Javier Milei provocó una rápida transferencia de ingresos del salario hacia el capital como punto de partida. Entre la devaluación inicial, el congelamiento de los salarios estatales y de las jubilaciones, la suspensión del giro de fondos a provincias, la paralización de la obra pública, la desregulación de precios, el incremento de tarifas y la intervención en las negociaciones colectivas del sector privado, la libertad avanzó sobre los salarios generando una enorme transferencia de ingresos en sus dos primeros años de mandato.
Al quinto mes de gobierno la caída del salario real era del 14% en el sector privado y del 25% en el sector público. Desde entonces las remuneraciones alternaron meses de recuperación con otros de estancamiento y el segundo año de esta experiencia libertaria concluye con el salario privado un 4% por debajo de su nivel inicial y con el salario estatal comprimido un 18%.
El ajuste fiscal, por su parte, también presenta números elocuentes. Los gastos de la administración pública nacional se redujeron un 28% y el camino recorrido por las jurisdicciones subnacionales no fue muy diferente. Los principales recortes operaron sobre la obra pública, la educación, los subsidios a la energía, unos cuantos programas sociales, los salarios estatales y, por supuesto, las jubilaciones, cuyo poder de compra se redujo un 22% en promedio provocando una pérdida acumulada de más de 4 millones de pesos a cada jubilada y jubilado.
el negocio de la fragilidad
Esta pequeña trampa de agradecer por un sacrificio impuesto sirvió para consolidar la idea de que era necesario sufrir un poco en el presente para que todo mejore después. El gobierno del Frente de Todos desilusionó a propios y a extraños y concluyó mal debido a una combinación de factores que incluyó errores no forzados, condicionantes macroeconómicos locales y factores exógenos como la fuerte sequía de 2023. La inflación terminó superando el 160% anual, muchas actividades se paralizaron por la falta de precios de referencia y de insumos, y el mañana pasó a ser una gran incógnita. El planteo de la necesidad del ajuste para estabilizar la economía encontró tierra fértil.
A dos años de aquel escenario, con los precios aumentando al 30% anual, el Gobierno presenta como exitosa su gestión en materia inflacionaria. Sin embargo, la percepción acerca de la fragilidad económica o de la falta de sustentabilidad del modelo continuó profundizándose: los dólares siguen sin alcanzar.
Desde que empezó el Gobierno libertario la economía real generó un poco más de 40 mil millones de dólares netos como resultado de los intercambios con el exterior. No es un mal resultado teniendo en cuenta la sequía de 2023 y otros años complicados, pero podría haber sido mucho más amplio si se controlaba el exceso de importaciones del último año y el caudal de turismo emisivo. En el mismo período, la economía financiera se llevó más de 50 mil millones de dólares, 30 mil millones se fueron por la dolarización de excedentes y otros 20 mil millones por el pago de los intereses de la deuda externa pública y privada.
Los dólares no alcanzan, ni van a alcanzar. La deuda externa del Estado enfrentará onerosos vencimientos en los próximos años, mientras que la deuda externa del sector privado está en sus máximos registros históricos con un componente adicional: de los 107.311 millones de dólares que deben las empresas radicadas en nuestro país, 58.220 millones (más de la mitad) es deuda intrafirma, es decir, deuda contraída con una empresa vinculada, controlante o controlada.
La deuda intrafirma opera como un mecanismo eficiente para la dolarización de excedentes de las compañías. Al revisar los balances de diferentes empresas, aparecen algunas joyitas al respecto. Por ejemplo, en el balance de Bunge, cerrado en diciembre de 2024, encontramos 32 préstamos externos vigentes de los cuales 25 son créditos intrafirma y la tasa de interés fijada en ellos más que duplica la tasa de interés de los siete préstamos celebrados con otras entidades independientes.
Al problema de los compromisos externos debemos sumar un tema adicional: el gran volumen de los excedentes en poder de las empresas más grandes del país y su potencial partida al dólar. Si sumamos los montos de las cuentas de “resultados acumulados” de los balances de un conjunto de cien firmas que cotizan en la bolsa de valores de Buenos Aires hallamos que hay, en pesos, el equivalente a 20 mil millones de dólares esperando ser distribuidos entre sus propietarios y accionistas.
La fragilidad de la economía es una oportunidad para aquellos actores empresariales que cobran una relevancia central para el modelo. Conscientes de su poder relativo, lo hacen valer para incrementar sus excedentes. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, supo marcar la cancha ya en el primer semestre del Gobierno libertario. A comienzos de abril de 2024 decía lo siguiente: “El mercado de granos está necesitando un mejor precio. Ese es un dato objetivo de la realidad. Estas 100 millones de toneladas que tenemos que movilizar solo van a salir de los campos, los acopios, las cooperativas si conseguimos un mejor precio. Si ese precio se da por condiciones especiales, por salto devaluatorio o por baja en los derechos de exportación, es lo que va a tener que decidir el Gobierno en base a sus necesidades”.
Mientras la economía se fragilizaba, el ejercicio de la extorsión del sector se fue perfeccionando y las empresas no paran de sumar ganancias. A diciembre de 2024, el balance financiero de Dreyfus Argentina ostentaba resultados acumulados (obtenidos en varios ejercicios y que aún no habían sido distribuidos) por un valor en pesos equivalente a 734 millones de dólares. En el mismo documento se indicaba que la valuación del total de los activos productivos de la empresa (terrenos, edificios, instalaciones, rodados, maquinarias, etc.) era equivalente a 574 millones de dólares. Es decir, la Dreyfus financiera ya era más valiosa que la Dreyfus productiva. Este excedente acumulado, por supuesto, no se encuentra guardado en un cofre. Es dinero que circula, junto a otros excedentes, por el sistema financiero argentino cuyas principales colocaciones disponibles son letras y títulos públicos que deben ofrecer una generosa tasa de interés ante la amenaza latente de que “el mercado” decida que es más conveniente llevar al dólar su capital.
sacar la bandera blanca
Si los dólares no alcanzan, si no se puede ejercer la soberanía en materia de regulación y control del mercado cambiario, entonces la única solución disponible para el país es el incremento urgente de sus exportaciones. Este es el contexto en el cual los grupos económicos que se perciben dueños de la Argentina buscaron avanzar con sus proyectos estructurales. La Ley de Bases oficia de botón de muestra del país con el que sueñan: un Estado más pequeño en términos de capacidad redistributiva y de capacidad regulatoria, flexibilización de las relaciones laborales, desalarización de la economía y un régimen de inversiones con concesiones extremas en materia impositiva, previsional, aduanera y cambiaria que apunta al desarrollo de sectores primario-exportadores.
La orientación exportadora del modelo no es casual y refleja el viejo anhelo de algunos sectores de trasladar fuera de nuestras fronteras el centro de acumulación de la economía. Si la fuente de las ganancias del capital instalado en el país son las exportaciones y ya no la demanda interna, piensan, será posible desarrollar el capital sin la necesidad de desarrollar su antítesis, el trabajo, y de este modo terminar de sepultar el largo ciclo de disputas políticas y económicas tan presentes en la historia de la Argentina. Este es el sueño de la economía sin salarios. Una sociedad sin conflicto, sin un sujeto político y social que pueda disputar ingreso y poder a estos sectores concentrados.
Aun si los proyectos del RIGI resultaran “exitosos”, la entrada de dólares por las nuevas exportaciones tardará entre un lustro y una década en ser significativa. Pero las urgencias económicas existen hoy. El esquema actual es insostenible: no alcanzan los dólares para sostener un modelo en el que cada dólar que entra debe usarse para pagar la deuda externa contraída y, simultáneamente, para financiar la fuga de las ganancias incrementadas por el esquema distributivo vigente.
El sueño liberal de una economía sin salarios resulta finalmente una quimera que, tal como lo han enseñado las propias lecciones de la historia, siempre concluyó de forma abrupta con una intensa crisis económica que terminó devorando a los proyectos políticos que lo impulsaron. Del otro lado, la bandera del orden macro, frente al esquema de poder reconfigurado en la última década, es una bandera blanca. La relación entre los grandes precios de la economía —esto es sintéticamente la macro de un país— es un reflejo, entre otras cuestiones, de la estructura real de poder que hay entre los actores económicos de ese país. Aceptar esa macro es aceptar el reparto de poder que nos trajo hasta aquí.
El desafío urgente para la Argentina, con su sistema democrático en crisis, su estructura social desarticulada y su población empobrecida, es alterar las relaciones de poder existentes. La tarea no puede ser ordenar la macro. En todo caso será orientarla, transformarla en función de una serie de objetivos políticos, sociales y económicos en beneficio de las grandes mayorías, en el marco de un proyecto político que, para ganarse esta última categoría, deberá ser disruptiva.
La lucha no es sencilla, cambiar la bandera blanca por la bandera del salario y la vida digna es asumir la existencia del conflicto y animarse a afrontarlo, con audacia militante intelectual. Es preciso revitalizar la experiencia de las instituciones y de las organizaciones que históricamente robustecieron la experiencia social del país y hará falta crear nuevas herramientas. Hay que recuperar la centralidad del trabajo y el salario, en sus múltiples expresiones, como motor de la economía, fortaleza de su moneda y resguardo de la soberanía y de la justicia social.
Este artículo forma parte de una serie de colaboraciones conjuntas entre la Fundación Rosa Luxemburgo y la revista crisis sobre el mundo del trabajo.
